Sin Memoria no hay Historia

El 5 de Mayo del 2005 se promulgó la ley 20019 que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales.

El sentido de la ley, propiciada por el actual accionista de culo roto y candidato a la presidencia de Chile por la ultraderecha conservadora Sebastián Piraña, era ordenar los clubes deportivos profesionales ayudar a su mejor funcionamiento y permitir que privados pudieran invertir en la actividad deportiva. La ley establecía 3 formas de administración para las entidades deportivas a saber:
1) Sociedades Anónimas
2) gerenciamiento de los clubes a través de una Sociedad Anónima
3) Clubes autoadministrados más fondo de inversiones

Nuestro Club deportivo, considerado por escencia un club popular, trannsversal, Laico y republicano; optó por la figura de fondo de inversiones. Así se votó por casi el 100% de la asamblea de socios (98% si mal no recuerdo) sin embargo, los poderes fácticos de la nación no se quisieron permitir el hecho que el club más popular del país y que mayor cantidad de recursos mueve, se mantuviera al márgen de esta depredación empresarial y en conjunto con los poderes del estado iniciaron una grotezca campaña para conseguir la privatización de la institución.
El estado chileno, a través del servicio de impuestos internos y la tesorería general de la república, fueron quienes sentaron las bases del robo.

El SII, en virtud del desconocimiento de una ley vigente desde 1970 inicia una persecución de la corporación inflando potentemente la deuda tributaria de los clubes deportivos y en particular la del Club deportivo de la Universidad de Chile. Argullendo factores absolutamente antojadizos, extemporáneos y ajenos a la letra y el espíritu de la ley cobra a los clubes deportivos impuesto de segunda categoría por las primas y premios pagados a los jugadores y cuerpos técnicos de las entidades deportivas aún cuando la ley dice expresamente que no son imponibles. La tesorería general de la república se hace eco de dicho cobro y aplicando además multas e intereses presenta ante el 7mo juzgado civil de Santiago una demanda contra la corporación y por primera vez en la historia de Chile la solicitud de quiebra de una entidad sin fines de lucro.

La magistrada Jenny Book rechazó en primera instancia dicha solicitud por la simple razón de que mientras no se resolviera la legalidad del cobro del impuesto de segunda categoría, además del sujeto de la deuda (el impuesto de segunda categoría es pagado directamente por el receptor de los dineros y no por el emisor de los pagos) no se podía resolver la quiebra o no de la corporación, por cuanto la deuda reconocida por el club era muy inferior al patrimonio de éste por lo que no se podía considerar de ninguna manera el estado de insolvencia.

La tesorería general, una entidad estatal insistió de apelación a pesar de existir resoluciones pendientes y se apresuró en negociar con todos los clubes arreglos de largo plazo, excepto con la U. El tesorero general de la república, comentaba ya entonces, en dichos absolutamente antojadízos y ajenos a su competencia, que sólo se podía renegociar la deuda tributaria de la U si esta era privatizada.

El 26 de mayo del 2006 la 4ta sala de la corte de apelaciones de santiago, aún habiendo resoluciones pendientes respecto de la legitimidad de los pagos exigidos por la tesorería, declaró a la U en quiebra por el no pago de 5400 millones de pesos por concepto de deudas, multas e intereses, siendo de este monto, 3500 millones impugnados por efecto del DFL1 de 1970. El camino estaba pavimentado para que un cartel mafioso dirigido por el hijo tarado de una familia acaudalada y un estafador fascistoide enriquecido durante la dictadura militar se hicieran cargo, a través de una empresa ficticia del club con mayor arraigo popular de Chile, convirtiendo su nombre en una mera marca comercial y a su gloriosa hinchada en una clientela cautiva.

El encargado de llevar a cabo la ejecución fue otro experto en privatizaciones brujas. un cruzado de corazón que en virtud de su cercanía con el dictador chileno augusto pinochet ya sabía lo que era entregar patrimonio público a empresarios carroñeros.

José Manuel Edwars como síndico cometió toda clase de arbitrariedades respecto del club. durante su gestión fue más patética e insidiosa la actuación de la tesorería general de la república, la que intervino directamente sobre la junta de acreedores exigiendo, cosa absolutamente ajena a su competencia, la licitación del club como mera marca comercial.
El 25 de mayo del 2007 se realizó la segunda subasta por los derechos del club y su administración (la primera se declaró desierta por falta de postores) En esta segunda subasta se consolidó la figura de colución y asociación ilícita por parte de los oferentes. Al menos 3 postores iban a presentarse al remate (euroamérica, colmenares y Larraín vial) sin embargo, minutos antes de realizarse el mencionado remate, los oferentes en un acto absolutamente reñido con toda ética, acuerdan repartirse el botín y hacen una propuesta en conjunto equivalente a $1 más que el mínimo. La marca comercial Universidad de Chile fue vendida, ni siquiera al mejor postor, en $1 más que el mínimo.

El resto de la historia se sigue viviendo y se puede seguir viviendo por muchos años más. La empresa concesionaria cobra sus clientes la entrada más cara de sudamérica, la empresa concesionaria vendió sus acciones con una promesa de estudio de factibilidad por un estadio que jamás se hizo, la empresa concesionaria estafó a los accionistas menores con promesas de participación y propiedad que no existen, la empresa concesionaria vendió acciones con promesas de compra de terrenos para un campo de entrenamiento que tampoco se concreató, la empresa concesionaria desecha a los jugdaores canteranos y los emblemas de la institución por considerarlos caros, la empresa concesionaria ha defraudado en innumerables oportunidades a la gente que creyó en ella...

... pero las ovejas siguen balando...








sin memoria, no hay historia...